La Encomienda

Efectuado el descubrimiento se pasó, primero a la ocupación y después a la explotación de los inmensos territorios y recursos. Quedó patente el hecho que la mano de obra sería la indígena (a la que se sumaría luego la esclava). Se instituyó por esto el repartimiento, entregando cupos a los españoles para que los utilizaran en labores agrícolas o mineras. El total exterminio de los amerindios de las islas del Caribe, a causa de las enfernedades, de su desarraigo familiar y de su brutal explotación, aconsejó sustituir el repartimiento por una institución de origen castellano: la encomienda (Leyes de Burgos, 1512).

Por la encomienda, un grupo de familias de indios, con sus propios caciques, quedaba sometido a la autoridad de un español encomendero. Se obligaba éste a proteger a los indios que así le habían sido encomendados y a cuidar de su instrucción religiosa. Adquiría el derecho de beneficiarse con los servicios personales de los indios para las distintas necesidades del trabajo y de exigir de los mismos el pago de diversas prestaciones económicas. Sin embargo, se puede afirmar que no pocos encomenderos las incumplieron e impartieron un trato a los indígenas equiparable a la esclavitud.

A causa de estos abusos se suscitaron en torno de esta institución polémicas doctrinales ardorosas. Combatieron su licitud, principalmente, teólogos y moralistas como Fray Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios. Estas polémicas tuvieron repercusión y se promulgaron leyes protectoras del trabajo del indio y se llegó a decretar en 1542 la abolición de las encomiendas (Leyes Nuevas). Su aplicación provocó protestas generales de los colonizadores y rebeliones sangrientas. Persistieron las encomiendas, pero se prohibieron los servicios personales de los indios encomendados y sólo fue lícito exigirles el pago de un tributo tasado por las autoridades. Sin embargo, su cumplimiento no se logró de un modo absoluto y general.