Tema:
El liberalismo (ideario y corrientes) y la oposición al mismo
El liberalismo es el tránsito del antiguo régimen hacia otra
sociedad basada en los principios liberales.
El ideario político contempla derribar la monarquía
absoluta e instaurar la monarquía constitucional. Defienden el dogma
rousoniano de la soberanía nacional, la división de poderes de
Montesquiu y un parlamento elegido por sufragio universal
masculino. Se formula el concepto de Nación, depositaria de la
soberanía nacional, referida al conjunto de los españoles con
igualdad de derechos políticos. El Estado liberal es unitario y
centralizado.
El liberalismo configurará una nueva sociedad centrada en el
individuo, de quien proclamará sus derechos inalienables, entre
ellos la libertad de expresión. Acabará con los privilegios de la
nobleza y el clero, instaurará la igualdad legal y suprimirá los
señoríos. Supondrá el paso de la sociedad estamental, basada en la
función y el privilegio, hacia la sociedad de clases, basada en la
plutocracia, en que la burguesía quedará encumbrada.
En economía se impone el principio liberal-burgués
de propiedad privada. Quedarán abolidos los bienes vinculados
y comunales. Se abogará por el liberalismo económico, la total
libertad de cultivos, la supresión de la Mesta, la libertad
de comercio e industria, la extinción del régimen gremial, la
libertad de contratación de trabajadores (las relaciones entre señor
y vasallo se convierten en contratos de particular a particular) y
una fiscalidad común.
La
reformas religiosas del liberalismo español son ambiguas.
Establecen que “la religión de la Nación española es y será
perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera”
(art. 12 de la Constitución de Cádiz), contradiciendo la
tolerancia ilustrada, pero plegándose a la realidad del país.
Intentan disminuir y secularizar las órdenes religiosas como primer
paso a la desamortización eclesiástica llevada a cabo por los
liberales progresistas en 1836, que erosionará el poder económica
de la Iglesia. Se suprime el Tribunal de la Inquisición. La
política religiosa de los liberales originará una fuerte propaganda
antiliberal por parte de la Iglesia, contestada por el
anticlericalismo.
Corrientes: En las Cortes de
Cádiz (1812) hallamos dos grupos de renovadores; por una parte
los ilustrados reformistas (jovellanistas), que
deseaban reformar España de acuerdo con la tradición; y por otra
los innovadores (liberales), que pretendían adoptar un
Nuevo Régimen. Los liberales, aunque eran una minoría, impusieron
el proceso reformador gracias a su mayor capacidad intelectual,
habilidad e iniciativa. Su extracción social y cultural corresponde
a una minoría urbana ilustrada en una España mayoritariamente rural
e iletrada.
En el Trienio Liberal (1820-1823) los liberales se escinden en
moderados (doceañistas), que eran partidarios de un proceso
reformista en colaboración con el Rey, y radicales o exaltados
(veinteañistas), que quieren eliminar el absolutismo y llevar la
revolución hacia sus últimas consecuencias.
Oposición al Liberalismo:
Fernando VII restauró el Absolutismo iniciando El
sexenio absolutista (1814-1820). Se deroga la
legislación liberal, se lleva a cabo una represión antiliberal y de
afrancesados. Estos últimos eran personas que durante la guerra de
Independencia colaboraron con el poder francés; eran ilustrados
reformadores, respetuosos de la ley y el orden. Muchos de ellos
defendieron una nueva vía para resolver los problemas de España.
Esta etapa se caracteriza por las conspiraciones liberales apoyadas
por militares (liberales y guerrilleros descontentos) y burgueses. De
los varios pronunciamientos (golpes militares contra el poder
para introducir reformas políticas), triunfó el pronunciamiento de
Riego (1/I/1820) que dará paso al Trienio Liberal, que
acabará con la intervención de las potencias europeas de la Santa
Alianza (7/IV/1823), iniciándose el segundo período absolutista:
La Década ominosa (1823-1833) en la que Fernando VII recuperó plenos poderes, pero sin retornar plenamente al Antiguo Régimen sino entroncando con el
despotismo ilustrado de Carlos III. La reacción antiliberal fue menos
fuerte que en la primera época, y ello provocó, en el marco de los
problemas sucesorios, la división entre
los "realistas puros", descontentos de la moderación del régimen y que
apoyaron al hermano del Rey, Don Carlos María Isidro, y aquellos que
respaldaron a Fernando VII y su apertura moderada.
El problema
sucesorio: proclamación de la Pragmática Sanción (plasmada
en las Partidas) que concedía los derechos de la corona a
Isabel, único vástago de Fernando, anulando la Ley Sálica
borbónica, que daba preeminencia al parentesco masculino, hará que
María Cristina, esposa de Fernando VII, se alíe con los
liberales para defender los derechos de su hija, instituyéndose un Consejo de
Gobierno que habría de asesorarla y que se encargaría de realizar la
transición liberal. No se restablecería la Constitución de 1812, pero sí abriría el paso a una nueva constitución, el Estatuto Real de 1834, en que la soberanía es compartida entre las Cortes y el Rey.
Se inició la
primera Guerra civil (1833-1840) entre Carlistas
(absolutistas) e Isabelinos (liberales).
El carlismo era el símbolo de la oposición a la
revolución liberal. Defendían las ideas tradicionales de la
Monarquía por derecho divino, la Religión y las formas de vida
tradicionales. Su lema era la alianza del “altar y el trono”
frente a “igualdad, libertad y fraternidad”. Defendían
el sistema foral (gobiernos autonómicos, exenciones fiscales,
justicia según las leyes tradicionales y jueces propios, exención
del servicio militar) frente a la centralización liberal.
Su apoyo social se hallaba en las zonas rurales. Aunque entre sus defensores también hallamos
artesanos proletarizados tras la abolición gremial, pequeña nobleza
y al clero. Aunque las insurrecciones carlistas se generalizaron por
todo el país, sólo llegaron a cuajar plenamente en el País Vasco,
en Navarra, en Cataluña y en la zona del Maestrazgo.
Los liberales obtuvieron la victoria. Isabel reinaría con el apoyo
de los liberales mientras éstos llevarían a cabo sus ideas
liberales en la legitimidad.
El proceso de institucionalización liberal
estuvo marcado por la división política: los liberales
moderados, que querían conciliar tradición y revolución. Su base doctrinal era el doctrinarinarismo, basado en la soberanía
de los capaces, que justificaba el sufragio censitario. Defendían la
soberanía compartida entre las Cortes y la Corona y la
confesionalidad católica del Estado. Eran partidarios de limitar la
libertad individual y estaban en contra de la libertad de opinión y
de asociación. Promulgaron la constitución de 1845, dirigida a consolidar a una burguesía moderada que buscaba el
justo medio entre el radicalismo revolucionario y el conservadurismo del
Antiguo Régimen. En esta constitucion se realza la posición de la Corona con el fin de que fuera un
instrumento regio moderador, pero en realidad, y como los propios hechos
se encargarían de demostrar, vino a favorecer situaciones políticas
partidistas, siendo ésta una de las principales causas de las sucesivas
crisis de gobierno y, al final, de la degeneración misma del sistema.
Los liberales progresistas, herederos de los exaltados, defendían la soberanía
nacional y el predominio de las Cortes sobre la Corona, a la que sólo
conceden un papel moderador. Apoyaban la Milicia Nacional, como
fuerza garantizadora de sus aspiraciones políticas y la elegibilidad
de los Ayuntamientos y Diputaciones frente a la designación directa
de los moderados. La constitución de 1837 es la que refleja la ideología progresista e incorpora, por vez primera en nuestra historia constitucional, una declaración sistemática y homogénea de derechos, ente los cuales figuran la libertad personal,
la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, las
garantías penales y procesales y, por supuesto, las garantías del derecho
de propiedad.
Su táctica política era
recurrir al pueblo soberano cuando no era posible utilizar los medios
legales para alcanzar el poder.
Liberales radicales: los demócratas. Su presencia empieza a
destacarse a partir del bienio progresista (1854), cuando se
hizo evidente que la diferencia entre moderados y progresistas era
más de forma que de fondo. Sus principios fundamentales eran:
estricta soberanía nacional, profundización en los derechos del
hombre y sufragio universal.
Limitaciones: un sistema político elitista
muy poco representativo formado por terratenientes, que aportan su poder económico, y de militares,
necesarios para conquistar y sostener el poder. Una Monarquía inclinada sin disimulo a apoyar a los moderados. Unas elecciones manipuladas por el ministro
de la Gobernación y por el caciquismo. La falta de un turno
pacífico desembocaba en continuos pronunciamientos militares y
revueltas populares. El descontento hacia el régimen
de Isabel II, sobre todo en los dos últimos gobiernos de Narváez y
González Bravo, derivó en un ambiente insurreccional que desencadenó el destronamiento de Isabel II y la desaparición del régimen encarnado en su persona.
