Clasificación
Nos entramos con dos tipos de
documentos. El primero es un texto jurídico, fuente primaria, que nos ofrece
tres de los artículos de la Ley de Bases
de Reforma Agraria. Luego hay dos
gráficas, fuentes historiográficas y secundarias de naturaleza económica y
social, elaboradas a
partir de fuentes primarias (informes del IRA) que recogen datos de la
aplicación de esta ley en dos momentos de la II República muy significativos,
gobierno del Bienio Progresista y gobierno del Frente Popular. Su autoría es
colectiva: Las Cortes españolas al aprobar en sesión parlamentaria el proyecto
presentado por Marcelino Domingo, ministro de agricultura. El destinatario es
la ciudadanía española, especialmente los afectados por dicha Ley: campesinos,
jornaleros y propietarios de tierras.
Contexto histórico:
Se sitúa en el periodo de la II
República, concretamente durante el primer bienio (1931-1933) en el que
gobierna una coalición de republicanos y socialistas presidida por Manuel
Azaña. La Ley de Reforma Agraria será una de las más importantes reformas que
acometió el gobierno de la época.
Análisis
Este texto nos indica 3 de las 13
categorías de tierras expropiables:
·
Las
ofrecidas por sus propietarios voluntariamente si son consideradas de interés
por el IRA.
·
Aquellas
tierras que no fueron compradas para ser cultivadas sino con fines
especulativos o para percibir su renta
·
Las
tierras mal cultivadas.
Las gráficas nos presentan dos fases
bien diferenciadas del proceso de expropiación. La 1ª muestra las
expropiaciones y asentamientos realizados durante el primer gobierno de Azaña.
La 2ª, la superficie ocupada y las familias asentadas durante el breve periodo
republicano del gobierno del Frente Popular.
Llama poderosamente la atención la
contundente diferencia del volumen de tierras expropiadas y de campesinos
asentados en los dos periodos: 116.837 hectáreas expropiadas en la primera fase
y 572.055 en la segunda. Las familias campesinas asentadas en la primera fase
fueron 12.260, y 110.921 lo fueron en la segunda fase. Diferencias que se hacen
aún más patentes si se considera la diferente duración temporal de las dos
fases de la Reforma Agraria.
Comentario: El problema agrario como
cuestión pendiente, características de la reforma
agraria planteada
Introducción
La reforma agraria tuvo el mérito
indudable de enfrentarse con un problema multisecular, que se planteaba ya en
el momento del cambio de régimen con una especial virulencia dada la crisis
económica, las expectativas sociales creadas por las ideologías revolucionarias
del siglo XIX y, sobre todo, el empuje de una demografía pujante que no
encontraba hueco en el mercado de trabajo.
Antecedentes
El historiador Claudio Sánchez Albornoz
expuso la hipótesis de que las bases de los sistemas modernos de propiedad de
la tierra en España proceden de la Reconquista. La desamortización liberal no
vino más que a empeorar la estructura de la propiedad de la tierra. En el Sur
fueron los grandes propietarios quienes se apropiaron de las tierras comunales,
endureciendo aún más la vida de los sin tierra.
El problema agrario como cuestión
pendiente
La estructura de la propiedad se podría
dividir en cuatro niveles:
1.
Los
grandes terratenientes y grandes
arrendatarios, que formaban la durante
tanto tiempo oligarquía rural.
2.
Los
medianos propietarios que empleaban algo de mano de obra o que trabajaban sus
tierras con ayuda de mano de obra
familiar. Este grupo formaba la clase media rural y fue la fuerza
estabilizadora en Europa; su escasez en España (el 15% de la población en el
Sur) fue la razón principal de la vulnerabilidad de la estructura social rural.
3.
Los
pequeños: subforeros en Galicia, rabassaires en Cataluña y yunteros en
Extremadura.
4.
Los
jornaleros a destajo, hundidos en la miseria y la inseguridad: paro obligado
durante gran parte del año, bajos salarios para los que logran ser contratados,
incremento de la población, la falta de emigración -crisis económica internacional-, condicionarán una fortísima tensión sobre la
tierra.
Características
de la reforma agraria planteada y resultados de la misma.
La República iba a intentar llevar a
cabo la reforma agraria por la vía legal. Edward Malefakis distingue cinco etapas:
En la primera, durante el Gobierno provisional, se dictaron una serie de
decretos inspirados por el socialista Largo Caballero, ministro de Trabajo,
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos y
jornaleros (se prohibió la expulsión de los pequeños arrendatarios; se
establece la jornada de ocho horas en el campo; se establecen los jurados
mixtos en el campo...) El segundo momento inicia la reforma global, que
marchó más lentamente y ése fue precisamente uno de sus mayores defectos.
Intereses contrapuestos de clase condicionaban a socialistas y a republicanos
reformistas. Los socialistas querían un reforma amplia que supusiera la
expropiación y posterior colectivización de todas las tierras salvo la de los
pequeños propietarios. Entre los
republicanos de izquierda, que sostenían la balanza del poder, había opiniones
desiguales e imprecisas. La mayoría de sus líderes tenían un escaso
conocimiento de la problemática agraria y se hallaban más implicados en
cuestiónes constitucionales o en las
relaciones Iglesia-Estado. Una Comisión
Técnica, nombrada al efecto, presentó un
anteproyecto que partía de la urgencia de tomar medidas y, en consecuencia,
preveía la ocupación temporal de las tierras y el asentamiento de 60.000 a
70.000 familias al año y la reforma se financiaría mediante un impuesto
progresivo sobre las grandes fincas. Este excelente proyecto fue duramente criticado tanto por sectores de la derecha como de la
izquierda y se rechazó.
La tercera etapa fue durante la primera andadura
parlamentaria: tres proyectos de ley, el último presentado por Marcelino
Domingo, un auténtico desconocedor de la realidad rural, fueron sucesivamente
debatidos de manera exhaustiva. Mientras, la Minoría Agraria, representante de
los propietarios, procedió a una campaña de obstrucción sistemática. La
parálisis legislativa terminó como consecuencia del levantamiento de Sanjurjo
en agosto del 32. En contradición con la Constitución republicana, la tierra de
los “grandes de España” fue confiscada, y la ley presentada por Domingo fue aprobada el 9 de septiembre de
1932.
El texto resultante resultó
extremadamente complejo (ya he mencionado que había trece categorías de tierras
expropiables). La Ley tenía que ser aplicada por el Instituto de Reforma
Agraria (IRA), organización excesivamente burocrática que actuó con una
lentitud proverbial. Además, todas las expropiaciones debían ser indemnizadas y
el gobierno destinó a este fin un parco 1 %
del presupuesto. En resumen: fue
más un intento que una realidad. (compárese los resultados de la primera tabla
con los 60.000 campesinos que como mínimo preveía el anteproyecto de la
Comisión Técnica). Tanto jornaleros como propietarios quedaron profundamente
decepcionados. Creció la agitación campesina por unas expectativas de
transformación social decepcionadas.
Al otro lado del espectro político, la
reforma agraria unió a los tradicionales sectores sociales dominantes en el
campo y contribuyó, en grado similar o incluso superior a la "cuestión
religiosa", a consolidarlos como bloque de oposición al régimen
republicano.
Tuvieron lugar dramáticos hechos, el más
grave: la ocupación de fincas en la pequeña población gaditana de Casas Viejas
por parte de comités anarquistas, que desembocaron en el “bienio negro”, que
será la cuarta etapa: la de la contrarreforma. La llegada del CEDA al
poder hace explotar el octubre del 34.
Quinta etapa. El Frente Popular redistribuyó más
tierra que durante los cinco años anteriores (obsérvese la segunda tabla). Gran
número de campesinos, cansados de la lentitud del IRA ocuparon ilegalmente
fincas al grito de ¡Viva la República! La FNTT, sección de la UGT en el campo,
ocupó casi 250.000 hectáreas en la provincia de Badajoz. El Gobierno legalizaba
la situación ex post facto. Según el historiador Manuel Tuñón de Lara
aproximadamente un 5% de la propiedad agraria cambió de manos en 5 meses. Los
efectos económicos fueron en gran medida destructivos, porque no supuso
modernización ni productividad, sólo una mera redistribución sin capital ni
desarrollo tecnológico. No dio tiempo para más, la guerra civil se echó encima.
Conclusión
Desde la objetividad que da el paso del
tiempo, parte de la historiografía actual considera el problema agrario español
de la primera mitad del siglo XX desde un punto de vista estructural,
según el cual su resolución no se hallaba en el reparto de la propiedad
sino en su desarrollo. Desde un punto de vista social, fueron los
desajustes entre clase gobernante y clase dominante, la incapacidad de aquella
en acabar con ésta en cuanto clase dominante, los que llevaron al fracaso de la
República española. Hay que reconocer que la República tuvo que enfrentarse a
problemas bien complejos y en circunstancias muy poco propicias, pero si
republicanos de izquierda y socialistas hubiesen tenido en cuenta la realidad
tal como eran verdaderamente y no a través de prismas ideológicos absolutos,
tal vez hubieran tenido éxito en llevar a cabo la necesaria reforma agraria,
tal vez se hubiera evitado el estallido de la guerra civil.