Nueva Planta

Felipe V, como castigo a lo que él consideró una sedición de las provincias orientales y tomando su nativa Francia como modelo de estado centralizado, suprimió las instituciones (Cortes, Diputación, Justicia), privilegios y antiguos fueros de los territorios que formaban parte de la Corona de Aragón: Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares, defensores de los derechos dinásticos del archiduque Carlos de Austria, aunque fueron preservados el derecho civil de Aragón y Cataluña. Los decretos de Nueva Planta ordenaban que dichos territorios fuesen gobernados a través de las leyes de Castilla (“tan loables y plausibles en todo el universo”), haciendo que dichas regiones formasen parte de una nueva, uniformada y centralizada España. Los territorios históricos: Navarra y los Países Vascos apoyaron a Felipe V, a quien consideraban descendiente de Enrique IV de Navarra, y se libraron de la supresión de sus fueros.

Estos decretos crearon una ciudadanía o nacionalidad española, que jurídicamente no distinguía ya entre castellanos y aragoneses. Así, se abolieron las fronteras interiores y las aduanas (a excepción del territorio vasco),  y se garantizó a todos los españoles la intervención  en el comercio con las colonias americanas, anteriormente monopolio castellano.

El absolutismo borbónico se impuso a dos principios ajenos a la tradición aragonesa: el de estar la autoridad real por encima de la ley y el de tener libertad para recaudar impuestos. Altos funcionarios fueron nombrados directamente desde Madrid. El territorio quedó dividido en provincias al frente de las cuales el monarca colocó a un capitán general. En cada provincia se crearon audiencias para la administración de justicia y se implantaron intendentes para recaudar impuestos y corregidores para el gobierno de los municipios. El castellano se convirtió en la única lengua oficial, desplazando al catalán y otras lenguas de España.